TRAGEDIAS MINERAS

Casapalca y Winchumayo: ¿dos tragedias sin responsables?

Aldo SantosAsociación SER. Oficina Regional Puno

El 7 de febrero cinco trabajadores fueron sepultados y perdieron la vida en la mina “El Carmen” de Casapalca (Lima), la noticia tuvo repercusión inmediata y penalistas como Luis Lamas Puccio indicaron que: “Los familiares deberían demandar a la empresa por daños y perjuicios, en cuanto que sus familiares han fallecido y eso ha generado un daño moral, espiritual y económico” (1), aún cuando las causas del suceso no estaban determinadas.
El último lunes 2 de marzo, 10 personas perdieron la vida en Winchumayo, localidad del distrito de Ayapata, provincia de Carabaya en la región de Puno. El hecho no tuvo la respuesta inmediata ni la repercusión del primer suceso, sin embargo ambos casos, que terminaron con la vida de humildes trabajadores mineros, no sólo revelan las precarias condiciones laborales en las que trabajaban, sino la indiferencia de las autoridades estatales encargadas de regular y normar la actividad minera en el país.
El caso de Winchumayo es más grave aún, ya que se trataría, según declaraciones del propio ministro de Energía y Minas, de una empresa que “estaba en proceso de formalización y ya venía trabajando con mejores condiciones que otros pequeños proyectos mineros”. Revelando así, que la empresa de la cual el congresista aprista Tomás Cenzano Sierralta posee el 55% de acciones, estaría operando informalmente.
En los hechos, más allá de que hayan sido ocasionados por un evento geológico, existe una responsabilidad directa de los operadores del sector minero; en ese sentido, llama la atención que un padre de la Patria, aun conociendo la legislación peruana operé ilegalmente una empresa minera. Por otro lado, existe una responsabilidad en el gobierno nacional y en las autoridades del gobierno regional por haber avalado tal acción, ya que, tanto el director regional de Energía y Minas, como el ministro, tenían información respecto de la empresa minera que operaba en Winchumayo. A nadie parece importarle que gran parte de la amazonía sur del Perú esté plagada de mineros informales quienes impunemente vienen atentando contra la vida de valiosos ecosistemas y distorsionando el tejido social por el surgimiento de actividades económicas ilícitas en las zonas en las que los campamentos mineros se asientan. Huaypetue (Madre de Dios) podría ser el ejemplo del futuro que le espera a la amazonía: prostitución infantil, trata de blancas y condiciones laborales comparables a la esclavitud.
Tomás Cenzano, Roger Saya (alcalde de Ituata que también posee acciones en la empresa minera de Winchumayo), y otros operadores mineros que “están en proceso de formalización” deberían responder ante las autoridades pertinentes respecto del carácter de sus empresas, ya que, en muchos casos, no se trata de mineros informales, sino de mafias organizadas que se esconden tras la membrecía y los rostros de pequeños mineros o mineros informales.
Esperamos que la muerte de los obreros no quede impune y que el Ministerio Público determine las causas del siniestro. De otro lado, esta tragedia brinda nuevamente la posibilidad de pensar soluciones al problema de la minería informal o la mal llamada pequeña minería. No se trata sólo de competencias y de niveles de gobierno, sino que se deberían articular esfuerzos que permitan llegar a acuerdos básicos entre el Estado y empresarios y trabajadores mineros, a fin de que la minería se convierta en un factor de desarrollo y no en una fuente permanente de conflictos, ilegalidad y siniestros como los ocurridos en Winchumayo.