KEIKO

Libertad para mi papito

Por: Javier Diez Canseco

Apenas conocida la sentencia, Keiko Fujimori la llamó hija del odio y la venganza, declaró que el Poder Judicial no servía para nada, y –sin derramar una lágrima– anunció que, de gobernar el Perú, lo indultaría. Su programa de gobierno tiene un eje: indulto al criminal sentenciado a 6 años por allanar una casa para robar los vladivideos, suplantando a un fiscal con su edecán militar, y a 25 años por crímenes de lesa humanidad. Y claro, entendemos que reorganizará el Poder Judicial y el Ministerio Público para restituir a los Rodríguez Medrano y a las Blanca Nélida Colán, los jueces sin rostro y los que cobraban en las salitas del SIN, terminando con los San Martín, Príncipe y Prado, con los Peláez y Guillén, con los juicios públicos y televisados, con los veedores internacionales y las sentencias motivadas y sustentadas.
“¿Está probado…? Lo está”. Millones escuchamos, conmovidos, la lectura de la sentencia que, luego de 160 sesiones, condenó a Fujimori a 25 años de cárcel por asesinato y secuestro agravados. El lenguaje complicado de los jurisconsultos, un dialecto inentendible, se sustituyó por un lenguaje directo y comprensible para sustentar una sentencia sin precedentes para un presidente de la República acusado de gravísimos abusos de poder. Todos la entendieron, menos los fujimoristas. Pero la Corte Suprema de Chile ya había preanunciado este resultado al acordar –por unanimidad– que estos casos tenían indicios más que razonables para extraditarlo al Perú. El llamado al pueblo a salir a las calles, ese mismo día, se evaporó, mientras los “guardianes del Chino” se dispersaban por acción de un pequeño núcleo de la CTP aprista. Al día siguiente, una convocatoria en el Campo de Marte, moviendo decenas de buses, terminó en el Anfiteatro del Parque de la Exposición (¿cedido por Castañeda?) donde apenas caben 3,500 personas.
Y es que la sentencia fue contundente. Evidenció que el Grupo Colina se formó en el régimen de Fujimori, como un destacamento de las FFAA, sujeto a una cadena de mando (el SIN, dependiente por ley de Fujimori, la Dirección de Inteligencia del Ejercito y el Servicio de Inteligencia del Ejercito), bajo la dirección –sin resolución expresa, pero con mando real– de Vladimiro Montesinos, asesor, cogobernante y siamés de Alberto Fujimori a quien este, cómplice, ni mencionó en su teatral alegato de inocencia en la corte.
Quedó claro que Colina era financiado con presupuesto del SIN para operaciones especiales de inteligencia, con armamento, vehículos, locales operativos, personal auxiliar e inmunidad operativa provistos por los mandos militares. Que sus miembros fueron felicitados por el mismo Fujimori y ascendidos por su recomendación. Que recibían pagos extraordinarios y su jefe operativo, Santiago Martin Rivas, vivía –al igual que Fujimori y Montesinos– en el SIN. Que realizaron más de 50 operativos criminales como los de Barrios Altos y La Cantuta, y que –según Hermoza Ríos– lo ocurrido en La Cantuta se informó a Fujimori. Que secuestraban gente –como Gorriti y Dyer– en los sótanos del Pentagonito, donde se encontró restos de un crematorio con un dedo humano. Que “juzgaron” a los Colina en una pantomima judicial del fuero militar y luego los indultaron –a iniciativa del fujimorismo– garantizándoles impunidad. La sentencia señala que esto dependía de la misma cúpula que manejaba el país a su antojo: Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos.
Keiko Fujimori quiere tapar este quemante sol con un dedo y se lanza a la presidencia alrededor de una solución central a los problemas del Perú: “Indulten a mi papito”. Pero Fujimori debe enfrentar otros procesos judiciales: los de la corrupción, otra dimensión del abuso de poder cometido durante su gestión. Los US$ 15 millones de dólares entregados, en maletas sacadas del Banco Central, a Montesinos para que se vaya del país, con aval del Ministerio de Defensa, de Boloña en Economía y del premier Federico Salas, que además se “restituyeron” con otro monto similar extraído de otra fuente pública. Las compras de congresistas tránsfugas para contar con un Congreso sumiso y corrupto como el que Keiko quisiera para su gestión. La ilegal compra de CCN, canal de TV de cable vinculado a Expreso. Y el espionaje telefónico con que perseguían o chantajeaban a la oposición para domesticarla y manejar al país como su chacra. A las sentencias anteriores, se sumarán ahora solo algunos casos de la generalizada corrupción de su gestión y el uso del dinero público para aceitar la mafia en el poder y resolver sus problemas internos. ¡Cómo quisiera Fujimori que la Sala que lo juzgara la presidiera Rodríguez Medrano y que su fiscal fuera Blanca Nélida Colán!
Vota Keiko y lograrás un indulto, pulcro y justo. De paso, podrías reavivar el moribundo neoliberalismo para enfrentar la crisis económica (privatizar lo que queda de empresas públicas y destruir lo que queda de derechos laborales, rienda libre a la minería sobre el agua, el medioambiente y las tierras comunales, cerrar el banco agrario, manos libres a las AFP…), corromper las FFAA y contar con un Poder Judicial, un Congreso y medios de comunicación amaestrados, llenos de Medrano, tránsfugas, Bozzo, Baily y Althaus: con Keiko en Palacio, Fuji y Vladi en el poder. ¡El paraíso!

La República, 13 de abril de 2009

COLETILLAS AL MARGEN

Reinventando a Sendero Luminoso

Por: Carlos Angulo Rivas

¿Cuál es el interés de irse por las ramas? ¿Por qué el gobierno distorsiona la realidad y los analistas lo siguen en el auspicio de las mentiras? ¿Dónde está el discurso político de Sendero Luminoso para llamar subversión a los alarmantes casos del tráfico de cocaína? ¿No conoce el gobierno las cifras del gran negocio de la coca y a quienes favorece? ¿Cuáles son los motivos de no tocar la cuestión de fondo? Tenemos catorce efectivos militares muertos en una sangrienta emboscada en el VRAE, la zona más próspera del Perú en la producción de cocaína; y el facilismo del gobierno aprista de Alan García, a través de sus voceros Yehude Simon, primer ministro, Ántero Flores, ministro de Defensa y Mercedes Cabanillas, ministra del Interior, es, todos muy contritos ellos, echarle la culpa a una organización política inexistente en términos cuantitativos y cualitativos. Nos hablan al unísono, por boca de García Pérez estos ministros, de unos remanentes de Sendero Luminoso y de una guerra antisubversiva contra los fantasmas guerrilleros como si los narcotraficantes no estuvieran armados hasta los dientes en defensa del multimillonario negocio de la cocaína en el país y dispuestos a defender a punta de balazos unas utilidades mucho más grandes que las dejadas por la gran minería, el sector de las principales primario-exportaciones del país. Primero veamos las cifras y luego saquemos conclusiones.
Un estimado del sociólogo Jaime Antezana, especialista en el tema, confirma que existe en el país una producción de 116,800 toneladas de hoja de coca de las cuales apenas 9,000 son utilizadas en el consumo tradicional e industrial, el resto se va a la fabricación de la cocaína ante las propias narices del gobierno. Y lo sorprendente de estas verificaciones está en que el país ha logrado darle un gran valor agregado a la producción, justo lo que no ha podido hacer con la industria ni con la minería; aquí sí la tecnología ha logrado progresos enormes, pues hemos pasado de ser un país productor de PBC (pasta básica de cocaína) a uno productor y exportador de cocaína de la fina. Este gigantesco paso industrial nos ha llevado a la producción de 260 toneladas de cocaína refinada exportable lo cual significa un valor de dieciocho mil doscientos millones de dólares en los mercados de consumo, escasamente cien millones de dólares menos que el total de las exportaciones mineras del año 2008 (equivalente a casi el 50% del total de las exportaciones peruanas.) Por supuesto, la gran diferencia estriba en que la minería es una actividad de exportaciones legales y la de la cocaína ilegal hasta cierto punto, porque tan enorme flujo de billetes pertenece a lo grotesco real imaginario de un especie de legalidad gubernamental de la “vista gorda.” Tanto que 18 de las 260 toneladas de cocaína refinada producidas en el país son para consumo interno de las narices frías de nuestros conspicuos empresarios, jueces, políticos, periodistas y militares de alto rango, incluidos, los periódicos consumos en los platitos de plata acostumbrados en palacio de gobierno. Para nadie es un misterio que las fiestas de trago fino, la cuchipanda de los más ricos y de los hombres importantes comprometidos con ellos, están rodeadas del consumo en abundancia de cocaína fina, la blanca como le dicen.
Alrededor de tan cuantiosa producción, 260 mil kilos de cocaína, un poco más de cuarto de millón del polvillo sagrado de las narices frías; y de lo que en dinero efectivo significa 18, 200 millones de dólares, el problema en el país no es de subversión política guerrillera sino de bandas armadas de sicarios dispuestos a defender la producción y el negocio. Y podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el gobierno de Alan García como antes el de Fujimori, distorsionan la verdad a fin de encubrir la marcha de esa industria. No hay peor ciego que el que no quiere ver. A nadie más que al gobierno de Alan García y a los sectores del japonés sentenciado, Alberto Fujimori, les conviene resucitar a Sendero Luminoso y a su “ejército guerrillero popular” bajo la palabrilla de remanentes o rezagos de lo que fue el partido comunista de Abimael Guzmán, condenado a cadena perpetua en la base naval del Callao. ¿A quién encubre el gobierno de Alan García cuando se habla de guerra a la “subversión terrorista” y no a los barones de la droga? Los pobres soldados con su capitán al mando, catorce efectivos en total, han muerto de la manera más inverosímil creyendo defender la patria del comunismo internacional sin discurso a la vista y sin la organización que en la práctica feneció con el acuerdo de paz firmado por el presidente Gonzalo con el asesor Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Los remanentes o rezagos de Sendero Luminoso, según el gobierno enganchados a los sicarios de la droga, por principio no pueden ser subversivos sino mercenarios al servicio de la industria de la cocaína; por consiguiente la lucha debe darse contra la organización criminal de los narcotraficantes, sin buscar pretextos de carácter político.
El mismo analista Jaime Antezana señala que el Estado enfrenta una “guerra de la coca” en diversas partes del país, siendo la principal, por el volumen de producción, en el VRAE donde emboscaron, por segunda vez a una patrulla militar, con el saldo ahora de catorce muertos y varios heridos. En esta dirección, los enfrentamientos militares no tienen sentido mientras el gobierno se haga de la “vista gorda” con el problema principal que nada tiene que ver con una supuesta subversión política armada y sí mucho con las inexistentes pesquisas policiales sobre los vendedores de insumos y los fabricantes de la cocaína. A las zonas de producción ingresan incalculables cantidades de productos químicos necesarios para la industria sofisticada de la coca; además, salen toneladas de polvo blanco de las mismas zonas, trabajo de los mayoristas; y las autoridades bien gracias, ni civiles ni militares se dan cuenta. ¿Para qué van a malograr el negocio si el problema se soluciona echando la culpa a los “remanentes” de Sendero Luminoso, cuando celosos oficiales de bajo rango con sus soldados se van morir en manos de los sicarios? De que existe terrorismo en esas zonas, nadie lo duda, pero ese terrorismo no es subversivo sino de protección a la próspera industria de la coca. Se viene imponiendo en el país con anuencia del gobierno aprista de Alan García, la misma fórmula de Fujimori de protección al narcotráfico bajo el pretexto de combatir la subversión, modelo mexicano en desarrollo, sólo comparable a las victorias pírricas del gobierno colombiano de Álvaro Uribe, hombre vinculado familiarmente al narcotráfico. La estrategia de Alan García de combatir la subversión del inexistente Sendero Luminoso en el VRAE y de ninguna manera a las organizaciones criminales de los narcos y la próspera industria de la cocaína, debe ser puesta en el candelero puesto que el gobierno ni siquiera sigue las recomendaciones de Estados Unidos a pesar de haber permitido el ingreso de tropas de ese país en la zona (Pichari.)
Los procedimientos mexicanos-colombianos vinculan a la política con la industria de la cocaína y en el Perú de hoy es una imitación que se inicia desde la época de Alberto Fujimori. No puede olvidarse que Vladimiro Montesinos fue un famoso abogado de narcotraficantes, convertido por el japonés en el segundo hombre más importante del país, luego que le consiguiera un millón de dólares del cartel de Medellín, Pablo Escobar, para financiar la segunda vuelta electoral en contra de Mario Vargas Llosa. La metodología de la actividad narco-política perdura y es por ello que nuestro país se ha convertido en exportador de cocaína refinada, de otra manera las autoridades civiles y militares lo hubieran impedido. Desde Fujimori a la fecha, el narcotráfico importante del país goza de impunidad para actuar, financiar candidatos, premiar a las autoridades y a los jueces, promover presidentes y congresistas, de allí que los representantes menores como alcaldes, prefectos y gobernadores, no se atrevan a denunciar a nadie. Conocidos son los casos de líderes apristas comprometidos con el narcotráfico y ni qué se diga de los fujimoristas, quienes dieron oficialmente la protección del gobierno al ilícito negocio de las drogas hasta convertirnos en exportadores de cocaína (recordemos que se descubrieron naves de la armada y hasta el avión presidencial transportando la droga.) Alan García y sus ministros Yehude Simon, Ántero Flores y Mercedes Cabanillas, saben de memoria que el terrorismo actual es en defensa de la industria de la cocaína; saben de la existencia de las grandes pozas de maceración, de los insumos químicos que ingresan a las zonas productivas, de los aeropuertos clandestinos, de los campamentos; y lo más grave de la penetración de los intereses económicos relacionados a esta industria en el propio gobierno. Saben mucho, digamos, como para hacerse los tontos reinventando el peligro senderista en el país.
Allá los tontos de capirote que siguen la corriente interesada del gobierno y sus ministros para apoyar la estrategia “antisubversiva,” no equivocada, sino interesada del gobierno aprista de Alan García y de los fujimoristas, con el delincuente recientemente sentenciado a 25 años de prisión a la cabeza, para distorsionar la realidad. Demás está decir que ambos grupos políticos se dan la mano a fin de proteger a los sicarios y barones de la droga en el país. Basta de enviar soldados a combatir a los narcoterroristas sin una política de demolición de las fábricas de cocaína y su infraestructura; sin una política de pesquisas policiales a los fabricantes, exportadores mayoritarios y vendedores de insumos químicos.

SOBRE LOS ATAQUE TERRORISTAS

¿CONTINUISMO, NACIONALISMO O TERRORISMO?

Por Antonio Luna Neyra

El terrorismo, provenga de donde provenga y busque lo que busque, es algo que, por principio, tenemos que condenar con firmeza y sin vacilación. Ni el terrorismo de Estado ni el terrorismo de los grupos alzados en armas, por tratarse de acciones irracionales y aisladas de las masas, tuvieron ni tendrán jamás nuestra simpatía o apoyo.
La prevista y categórica derrota política y militar de Sendero Luminoso y el MRTA, en momentos en que se enfrentaban al Estado fujimontesinista, en una guerra que duró más de un decenio y costó la lamentable pérdida de más de 70 mil vidas, obligó a los dirigentes de los grupos sediciosos a firmar acuerdos de paz y de reconciliación con los mandamases de la dictadura fujimorista.
Durante la última década y media, el Perú recuperó y gozó casi por completo de la ausencia de voladuras de torres, apagones, coche bombas, crímenes arteros, genocidios, atentados y toda clase de acciones criminales que se cometían diariamente durante la confrontación armada, en medio de la cual se encontraba el pueblo indefenso y ajeno a los propósitos de uno y otro bando.
En estos últimos años, más allá de algunas esporádicas y sospechosas acciones del narcoterrorismo contra los miembros de las FF.AA y policiales, como la emboscada ocurrida en estos últimos días en medio del VRAE y al término del primer juicio a Fujimori, SL y MRTA ya no le hacen ni cosquillas al sistema ni a la democracia imperantes y no constituyen ningún peligro militar o político para el Estado peruano. Se puede asegurar, entonces, que los grupos insurrectos ya no pesan tanto en el escenario político, como ocurre con otros grupos políticos, financieros y mafiosos que han ganado protagonismo en la vida nacional.
Y mientras algunos responsables de la guerra fratricida de los 80 y 90, se encuentran derrotados, encarcelados ó agobiados por la repulsa popular y se han replegado ó se han refugiado en los valles amazónicos para aliarse al narcotráfico, los otros responsables de la matanza, los fujimontesisnistas, con el cinismo que les caracteriza, libres y con los bolsillos llenos por la corrupción, hacen esfuerzos descarados para llegar nuevamente al poder con la clara intención de imponer la misma política mentirosa, terrorista y corrupta que impusieron durante su tiranía.
La justa y ejemplar sentencia a 25 años de prisión contra el dictador FUJIMORI, por las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta y el secuestro de Gorriti y Dayer, no han sido suficientes para escarmentar a quienes se dedicaron sistemáticamente a pisotear y violar derechos y libertades ni los ha hecho desistir de su protervo interés de seguir organizando su movimiento político para lograr la impunidad de sus crímenes y el regreso de los mayores terroristas de Estado y las autoridades más corruptas que ha tenido el Perú durante su vida republicana.
Frente a esta situación, el gobierno de Alan García, lejos de sus promesas de cambio y con una fuerte simpatía al fujimontesinismo, solo piensa en continuar a como dé lugar con el mismo programa neoliberal con el que irrumpió la dictadura en 1992, aunque para ello tenga que vetar la candidatura de Ollanta Humala, quebrar el orden constitucional o reabrir el cauce de la violencia terrorista.
¿Está probado que Alan García es un hombre de derecha, neoliberal, autoritario, que se parece tanto a Fujimori, que es enemigo acérrimo del nacionalismo y la izquierda y que tiene casos pendientes de genocidio y corrupción con la justicia nacional e internacional? Sí, está probado.
¿Está probado que Alan García prometió a los grandes empresarios 10 años más de continuismo neoliberal y estabilidad política y no permitir que sea presidente quien él no quisiera? Sí, está probado. Y nosotros, estamos advertidos.

REACCIONES FRENTE AL JUICIO

El fallo reconoce inocencia de las víctimas

Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de La Cantuta. Señaló que sentencia admite el derecho de las demás víctimas del Grupo Colina y de Alberto Fujimori que aún esperan justicia.

Por: María Elena Castillo – La República 08-04-2009

Como un hecho histórico para el país y para los familiares de las víctimas de violaciones a derechos humanos, calificó la sentencia al ex presidente Alberto Fujimori, la hermana de uno de los estudiantes asesinados por el grupo Colina, Gisela Ortiz. Afirmó que la sentencia no solo acaba con la impunidad de 17 años sino que reconoce la inocencia de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta.
“Escuchamos con gran regocijo una sentencia dictada contra el principal responsable de la muerte de nuestros familiares: Alberto Fujimori. El Poder Judicial peruano decidió reivindicarse después de 17 años de impunidad con los familiares de las víctimas de estos crímenes cometidos durante la dictadura”, sostuvo en una conferencia de prensa convocada poco después de la sentencia, en la que participaron los familiares de las víctimas y abogados de los organismos de derechos humanos que representaron a la parte civil en el proceso.
Tratando de contener su emoción, destacó que el tribunal se haya pronunciado sobre la inocencia de su hermano, Enrique, y del resto de los agraviados de Barrios Altos y La Cantuta. “Nos sentimos satisfechos porque se dignifica la memoria de nuestros familiares, que son nuevamente considerados ciudadanos inocentes. Los cómplices del criminal los llamaron terroristas, pero con este reconocimiento se acaba con eso. No más señalamiento y estigmatización para los familiares”.
Asimismo, Ortiz resaltó la importancia del fallo al haber valorado los testimonios y las pruebas presentadas por la Fiscalía y por la defensa de las víctimas, que permitió señalar claramente que la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial son crímenes contra la humanidad, lo que sienta un precedente para los casos que faltan.
Indicó que la sentencia incorpora la calidad de víctimas de los otros ejecutados por el destacamento Colina, los que por razones netamente procesales no formaron parte del proceso de extradición.“Hay un reconocimiento al derecho a la justicia y la verdad de los familiares de los campesinos del Santa, del periodista Pedro Yauri, de la familia Ventocilla, de Gómez Palomino y de todos aquellos que fueron asesinados directamente por el destacamento Colina, pero cuyo autor mediato es Alberto Fujimori, quien dio las órdenes”, señaló.

FUJIMORI 25 AÑOS

"LOS DICTADORES ESTAN ADVERTIDOS"

DIARIO LA REPUBLICA 08 – 04 - 2009

Entrevista a Mario Vargas Llosa. Afirma que es un día histórico para la democracia del Perú y de Latinoamérica, que la sentencia es impecable, una suerte de vacuna contra los golpistas de Estado.

Fujimori ha sido hallado culpable, ¿qué reflexión le merece el veredicto del Tribunal?

Creo que es un día histórico para el Perú y para la democracia peruana. Tiene una extraordinaria significación. Es la primera vez en nuestra historia que un dictador es juzgado durante un gobierno democrático por un tribunal civil concediéndole todas las garantías del derecho de defensa, en un proceso que ha sido celebrado como ejemplar por los observadores de todas las organizaciones internacionales y que sanciona con una pena muy severa los abusos contra los derechos humanos que se cometieron bajo su dictadura y su complicidad. Creo que los aspirantes a dictadores actuales y futuros lo van a pensar muchas veces antes de destruir el Estado de derecho como hizo Fujimori, y utilizar la violencia irracional como actuó en su gobierno para enfrentarse al terrorismo. Es un hecho importantísimo que va a reforzar nuestras instituciones democráticas, que va a servir de vacuna contra futuros dictadores y golpes de Estado. Toda América Latina tiene que celebrar este hecho porque va a defendernos contra esa epidemia que hemos padecido a lo largo de nuestra historia, que es el autoritarismo, las dictaduras, los caudillos.

¿Este fallo muestra un Poder Judicial independiente?

Hay que felicitar al Poder Judicial, que tiene que haber resistido presiones tremendas. Sobre todo felicitar a esos tres jueces, al presidente del tribunal por la manera tan serena, rigurosa e independiente con que ha llevado este proceso. Yo creo que la sentencia es impecable y debe ser aplaudida por todos los demócratas, por todos los ciudadanos libres del Perú.

¿El fallo da otra imagen del Poder Judicial si pensamos en lo que era en el fujimorismo?

Es un indicio muy claro de que hay en proceso, por lo menos, una reforma profunda en el Poder Judicial. Imagínese lo que era el Poder Judicial cuando era un puro instrumento del señor Fujimori y de Montesinos y que estaba allí, simplemente para manifestar en el plano legal los caprichos, los atropellos, los abusos del poder a los que daba apariencia legal y apariencia de justicia. Es una imagen nueva además para el Perú en el campo internacional. Acabo de ver en la BBC de Londres los comentarios sobre el juicio y la sentencia, realmente uno se sentía orgulloso de que se hablara de esa manera de lo que ocurre este día en el Perú.

Keiko Fujimori dice que es un “fallo de odio y de venganza”.

Yo creo que el odio y la venganza, sobre todo, hicieron correr mucha sangre como ha quedado demostrado en este proceso, durante la dictadura de Fujimori y Montesinos. Por el contrario, este juicio se ha llevado a cabo con una gran serenidad, dando pues todas las facilidades y más de las que suele conceder un Poder Judicial en el mundo al acusado. Ha habido una transparencia absoluta, se ha permitido a su abogado defensor hablar a lo largo de días y casi semanas. Se ha transmitido por los medios tantos los alegatos en su defensa como el alegato del propio acusado. Creo que la sentencia, quienes la han oído, pueden advertir el extremado rigor y la minucia y prolijidad con que todos los hechos han sido examinados, los testimonios cotejados. Creo que la sentencia impresiona muchísimo por su carácter desapasionado, riguroso, estrictamente legal. Sigo pensando que es un gran día para la justicia en el Perú. Hay que pensar también que esta sentencia es un desagravio a las tantas víctimas de los atropellos, asesinatos, desapariciones, robos, campañas de insidia, calumnias que se vertieron en esos años de impunidad.

Siempre denunció a Fujimori y a Montesinos, ¿esperaba que un día como éste llegara?

Quiere que le diga que francamente, no. Yo pensaba que iba a ocurrir con esta dictadura como había ocurrido con Odría, Velasco, que nunca se les tomó cuentas, que al final si hubo alguna sanción fue puramente moral. Yo pensé que también en este caso los asesinatos, los robos, los atropellos terribles, las trasgresiones a la ley, iban a quedar impunes como tantas veces en nuestra historia. Que no haya sido así esta vez, de alguna manera, con este fallo se sanciona en Fujimori a todos quienes medraron durante los años de la dictadura y colaboraron con él y Montesinos, y se treparon al poder volviéndose cómplices de crímenes terribles y de robos sin precedentes en nuestra historia, pues han quedado no solo moral sino jurídicamente sancionados hoy día con esta sentencia.

EL TURNO DE MONTESINOS

Se marcó un precedente.
Sí, es una especie de vacuna importante contra futuros golpes de Estado, contra caudillos, porque siempre hay, son pocos, pero hay aspirantes a dictadores. Ahora ya saben lo que puede ocurrirles. Esto es muy importante no solo para el Perú sino para toda América Latina donde, por desgracia, esa espada de Damocles de golpes de Estado, de dictaduras, está siempre latente. Es un hecho muy importante que el Perú haya sido capaz, uno de los primeros países de América Latina, en sancionar de esta manera civil, legal y democrática a un dictador.

¿La misma suerte le espera a Vladimiro Montesinos?

Sin duda, él fue el brazo derecho y el instrumento de Fujimori, pues lo menos que puede ocurrir es una sentencia semejante en su caso. No hay que olvidar que este es uno de los otros juicios que vienen en camino.

“El fujimorismo no tendrá ningún futuro en el Perú”

Se ha dado la sanción jurídica, ¿qué devenir tendrá la base social del fujimorismo?Basta tener un poquito de memoria histórica para saber que todos los dictadores de la historia moderna del Perú han generado siempre pequeñas colas, coletas, que durante algún tiempo, algunos años, son una presencia en la vida política peruana, grupos, grupúsculos de nostálgicos, de gentes que añoran el poder que perdieron, pero que se van luego descomponiendo y desapareciendo. Ocurrió con Sánchez Cerro, Odría, Velasco y va a ocurrir también con Fujimori, de tal manera que es ingenuo y completamente antihistórico creer que el fujimorismo tiene un futuro en el Perú. No tiene ninguno, absolutamente ninguno. Es un fenómeno absolutamente transitorio por más que las encuestas quieran, digamos, inflar la presencia de la hija del dictador. Yo soy más optimista sobre mi país. Creo que el Perú ha ingresado a una nueva etapa, en la que se acabaron las dictaduras. Las dictaduras están hoy día en el banquillo de los acusados sentenciados a 25 años por sus crímenes. Es difícil que el pueblo peruano sea tan ciego, tan insensato de dar un nuevo aval a quien está hoy día condenado en la cárcel por sus crímenes.

HUANCAVELICA

BALANCE DE LA CALIDAD DE GESTION DE GOBIERNO 2003 - 2009

Por: Alejandro Ledesma Ledesma

Después de la oficialización del proceso de descentralización en nuestro país (julio, 2002), mediante la Ley de Bases de la Descentralización Nº 27783, las Elecciones Regionales mediante Ley Nº 27683, siguieron la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867 y la nueva Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, dándose así, un proceso exigido principalmente por los pueblos del interior de nuestro Perú profundo.Los resultados de elecciones democráticas, en noviembre del 2002, expresaron por primera vez, la voluntad de la población electoral para elegir a sus gobernantes en los tres niveles de gobierno (Gobierno Regional, Provincial y Distrital). A diferencia de periodos anteriores, las nuevas autoridades electas, esta vez, asumirían una nueva forma de gestión de gobierno, en el marco del proceso de descentralización; este estilo significaba, contar con instrumentos básicos de gestión participativos, como el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo. Estos instrumentos de gestión participativos, implican en sus procesos de elaboración, la inter relación activa de la sociedad civil con las autoridades y funcionarios, para tomar decisiones en la definición de políticas de desarrollo y la orientación de la inversión de los recursos, de manera concertada y participativa.El proceso de elaboración del PP, ha promovido nuevas responsabilidades de gestión de gobierno a las autoridades, como: Rendición de Cuentas, elección del Consejo de Coordinación, definición de agentes participantes, la priorización de ideas de proyecto, reconocimiento del Comité de Vigilancia y la publicación de acuerdos. Estas responsabilidades, han significado la coparticipación de la población representada, en las decisiones para la inversión de los recursos.El proceso de descentralización en curso, también ha comprendido la suma de responsabilidades nuevas en las municipalidades, como la administración de programas del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social MIMDES (PRONAA y FONCODES), procesos focalizados de experiencias piloto para la administración de los sectores de educación y salud, y el incremento de fondos destinados para la inversión local; estos procesos de nuevas responsabilidades, han tenido el criterio preliminar, de transferencia de conocimientos y tecnología para la administración de estas nuevas responsabilidades y luego la transferencia de fondos.El primer periodo (2003 – 2006), ha significado para algunas autoridades en su gestión de gobierno, oportunidad para desarrollar experiencias innovadoras de participación ciudadana, para otras, solamente el cumplimiento de las normas y en mayor porcentaje, para ejercer de manera tradicional la gestión de gobierno; actitudes muy diversas que han evidenciado debilidades, principalmente de conocimiento, contenidos y espíritu de la Ley Orgánica de Municipalidades y los documentos rectores del proceso de gestión.Hoy, al tercer año del segundo periodo (2007 – 2010), más del 90% de autoridades en nuestro país, entre gobiernos regionales y locales son nuevas; en Huancavelica, más del 42% (45) de alcaldes y un porcentaje mayor al 80% de regidores ingresan por primera vez a la gestión pública, es decir, la gran mayoría de ellos en los dos primeros años ejercen la gestión de gobierno desconociendo la normatividad municipal, en algunos casos incurriendo en errores y desorientados en el proceso de toma de decisiones. El escenario se agudiza, con el desconocimiento de estas autoridades de los contenidos de los instrumentos de gestión participativos (PDC y PP); es decir, no cuentan con elementos de juicio de la realidad y propuestas de desarrollo de su ámbito, hecho que les impide tomar decisiones coherentes con las demandas de la población.Esta lectura de contexto, produce un nuevo proceso de revocatoria en nuestro país, que pone en evidencia de consulta a 1 Alcalde Provincial, 187 alcaldes distritales, 2 regidores provinciales y 690 distritales; en Huancavelica, la consulta se da en 13 municipalidades distritales, resultando revocados tres municipalidades con el total de sus autoridades, los que no fueron revocados fueron absueltos en la votación por estrecho margen de votos. Estos resultados preocupan por la amenaza de ingobernabilidad, que manifiesta el descontento con la gestión municipal; obviamente la revocatoria, significan el termómetro que mide la gobernabilidad y la capacidad de gestión de gobierno en los tres niveles (regional, provincial y distrital).Si bien es cierto, los elementos expuestos, no son los únicos a analizar; también debemos mencionar, en el caso de las autoridades regionales de Huancavelica, la actitud, concepción y tratamiento de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y las normas que regulan esta instancia. Es decir, no basta tener experiencia de gestión, si no también interiorizar el espíritu e interpretación de estas normas que regulan el proceso de descentralización en nuestro país; hecho que sin duda afecta la calidad, capacidad y transparencia de gestión. Sin duda, estos elementos son más visibles en Huancavelica, cuando apreciamos indicios de ingobernabilidad, alimentados por hechos de nepotismo y privilegios en las adquisiciones públicas del Estado; estos indicadores, nos llevan a concluir en la necesidad adicional de concentrar esfuerzos en la formación de nuestros futuros gobernantes, con relación al espíritu de la democracia participativa, que parcialmente se encarna en la normatividad vigente del actual proceso de descentralización.La descripción y análisis del contexto en el actual proceso de descentralización, respecto a la calidad, eficiencia y capacidad de gestión de gobierno, nos lleva a conclusiones muy preocupantes, principalmente en Huancavelica, que afectan los objetivos de este proceso; sin embargo, este mismo escenario, nos permite proponer, propuestas que se concentran en acciones preliminares, en la fase pre electoral al ejercicio de gobierno, que significan requerimientos básicos, que viabilizan la etapa de candidatura. Es decir, oficializar mecanismos e instrumentos (examen de conocimiento de la realidad local, e interpretación de la normatividad vigente), como termómetro que nos permitirá proyectarnos sosteniblemente y garantizarnos un mejor proceso de descentralización, con autoridades que promueven acciones exitosas e innovadoras para fortalecer la gobernabilidad y la descentralización.En este marco de propuestas, formulamos la necesidad de implementar un centro de estudios especializado en gestión gobierno y políticas de desarrollo, como nivel de preparación de candidatos de las organizaciones políticas de Huancavelica, que aspiran a ser gobierno en los respectivos niveles; esta etapa, tiene como objetivo, la preparación y desarrollo de capacidades de liderazgo, conocimientos de la normatividad y de gestión, que complementan la formación de los aspirantes a gobernantes; esta propuesta conceptualiza a la gestión de gobierno como una especialización y profesionalización de las capacidades de gobierno, de nuestras futuras autoridades, para un mejor proceso de descentralización.